Hace exactamente dos años fue publicada la ley 21.100 “Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional” y, tal como establece, hoy se inicia la vigencia de su última etapa, donde se incluye a las pequeñas y medianas empresas, es decir, negocios de barrio y comercio detallista en general.

Con motivo de este nuevo hito, tanto el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como diversos sectores relacionados con la norma hacen una evaluación de lo que ha sido su aplicación hasta ahora. La prohibición se inició en febrero de 2019 de manera total para el retail y supermercados, y de manera parcial en el resto del comercio, donde la entrega de bolsas plásticas estaba restringida a dos unidades por cada compra.

El objetivo de la ley es “proteger el medio ambiente” y, de acuerdo a una estimación del MMA, “se ha evitado el consumo de unos 5.000 millones de bolsas plásticas tipo camiseta”, lo que equivale, según la cartera, a 2,75 millones de kilómetros de bolsas, es decir, 7,1 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna.

“La evaluación que hacemos (…) es tremendamente positiva. Es una ley ampliamente valorada por la ciudadanía y el primer paso para combatir el uso indiscriminado del plástico en nuestro país. Se han dejado de entregar millones de bolsas plásticas desde que entró en vigencia, evitando que muchas de ellas terminen contaminando nuestros barrios, ríos o playas”, señala la ministra del MMA, Carolina Schmidt.

También hace un balance optimista la directora ejecutiva de Fundación Basura, Macarena Guajardo: “Esta iniciativa ha permitido aclarar que el mayor problema no es el plástico como material en sí, sino el uso que le damos los humanos, pues es un material de larga durabilidad (500 años) que pierde toda lógica si se usa en un producto que tiene una vida útil programada de tan solo 15 minutos”.

En un sentido similar, la ministra Schmidt señala que “lo que nosotros queremos combatir no es el uso del plástico, sino el uso indiscriminado del plástico”. Así, explica que la prohibición es para las “bolsas de acarreo”, es decir, aquellas que no son indispensables por razones de higiene o mantención del producto.

De ese modo, la titular del MMA aclara una de las confusiones que se ha producido en relación a lo que ocurrirá, a partir de hoy, con bolsas como las que se entregan en la compra del pan, o de las frutas y verduras en la feria. Al respecto, en su artículo tercero la ley aclara que “se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos”.

Sobre este punto, la gerenta general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla), Magdalena Balcells, explica que la ley no prohíbe en ningún caso las bolsas que van en contacto directo con los alimentos “porque se utilizan con fines de higiene y de conservación. Es una bolsa importante, más aún en un escenario de pandemia, para mantener la inocuidad del alimento, evitando su exposición a contaminantes, incluido el virus que causa el covid 19”.

Prohibir versus regular

El gremio que representa Balcells fue quizá el más golpeado económicamente por esta ley, especialmente al comienzo de la prohibición de bolsas plásticas de comercio. “El impacto fue sentido en las empresas de la industria que se dedicaban a la producción de este tipo de bolsas. El impacto se notó rápidamente (…); hubo empresas que tuvieron que cerrar porque la tecnología era poco adaptable. Hubo pérdida de empleos y de inversión; fue bastante duro y doloroso”, relata la gerenta de Asipla.

A pesar de todo, dice Balcells, mirado en perspectiva, “hay bastante aprendizaje. Esta es una industria que se ha visto muy desafiada a tener que hacer una actividad cada vez más sostenible y avanzar hacia una economía circular, y esto gatilló una serie de movimientos bien importantes en ese sentido (…)  Yo diría que se aceleraron procesos de innovación, de adaptación, y muchas empresas que no habían notado que este era un fenómeno que se venía con mucha fuerza se subieron al carro”.

Asipla ha sido bastante crítica con esta norma, en especial durante el proceso de discusión y recién publicada. Consultada al respecto, Balcells manifiesta que el gremio considera que se obtienen mejores resultados mediante la regulación, más que con la prohibición. “Si bien hemos sido críticos con esta ley, siempre hemos estado de acuerdo con la importancia de generar instrumentos y mecanismos para motivar a las personas a cambiar sus patrones de consumo, para que sean más responsables de lo que usan y lo que van descartando”, dice la representante gremial.

“En ese sentido –añade Balcells- hemos promovido con mucha fuerza la regulación, especialmente bajo un paraguas tan relevante y potente como la ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje); creemos que, aunque pueda ser un poco más lento, desde ahí es más efectivo el trabajo de cambio cultural profundo”.

Entre sus críticas, antes de la promulgación, Asipla señaló que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”. A dos años de esos comentarios, Balcells explica que por el hecho de ser una ley aislada, sin una mirada sistémica e integrada, tiene efectos que pueden ser negativos y que no están considerados. “Por ejemplo, hubo migración de materiales, dejaron de usarse bolsas de plástico para usar bolsas de papel, y la producción de bolsas de papel requiere tala de árboles y consumo de agua; además, son bolsas que difícilmente proporcionan un segundo uso, como el que se le daba a la bolsa plástica del supermercado para tirar la basura”.

Aumento del papel

La misma inquietud sobre el uso de papel manifiesta la vocera de la Asociación de Bolsas Reutilizables, Eliana Moreno, quien indica que a consecuencia de la ley 21.100 se ha duplicado la demanda de bolsas de papel, “que también son de un solo uso y tienen muchas limitaciones”. Agrega que, en términos medioambientales, el papel es sustentable solo cuando se produce a base de reciclaje, no así cuando se fabrica a base de pulpa proveniente de explotación forestal, pues se trata de un proceso con gran incidencia en el calentamiento global.

Sobre este tema, hace un año el diario La Tercera informó que “uno de los efectos de la ley (21.100) fue el aumento en la distribución de bolsas de papel. Así lo entendió CMPC, que invertirá US$ 4 millones en un proyecto para entrar a este mercado”. En su artículo, titulado “Los ganadores y perdedores que dejó la ley que prohibió la entrega de bolsas plásticas”, el matutino agregaba que “la capacidad nominal de ese proyecto (…) será de 36 millones de bolsas al año”.

Moreno, gerente comercial de la empresa de bolsas reutilizables Unibag, cree que en la fase de la ley que se inicia hoy el uso de papel aumentará aún más. “La compra en el comercio pequeño muchas veces no es planificada, es decir, el consumidor no lleva su bolsa y sigue pretendiendo que el comercio le entregue una solución (…) Para el negocio, la bolsa de papel es la opción más económica para salir del paso”.

Consultada al respecto, la ministra Schmidt no se pronuncia sobre la posibilidad de regular el uso de papel para estos fines; sin embargo, señala que “la ley de bolsas plásticas nos permitió generar conciencia sobre el impacto de los plásticos de un solo uso pero, también, de los desechables en general. Gracias a esta imposición, muchos ciudadanos optaron por llevar su bolsa reutilizable al momento de hacer las compras y, mientras más masiva sea esta actitud, menos bolsas de papel serán necesarias”.

Pero, ¿cuánto ha cambiado realmente el comportamiento de los consumidores? Si bien no existen cifras concretas que permitan hacer esta evaluación, la percepción en general es positiva.

Rafael Cumsille, presidente nacional de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo en Chile, cree que ha habido una transformación notoria entre los clientes. “Nosotros tenemos un autoservicio donde ya eliminamos las bolsas de un solo uso; hemos regalado unas bolsas reutilizables con el logo y muchos vuelven con ella. Como todas las cosas, sobre todo cuando es obligatorio, llega un minuto en que las personas tienen que acostumbrarse”.

Para Macarena Guajardo, de Fundación Basura, el cambio cultural es indiscutible, “sobre todo en el momento en que nos encontramos hoy como país, como sociedad, nos estamos dando cuenta cada vez más lo importante que son nuestras decisiones de compra, nuestras leyes, la solidaridad. Pensar en otros seres tanto como en uno mismo”.

“La bolsa se ha convertido en una primera parte de la transformación social, pues mucha gente la rechaza por ser un producto desechable fabricado a partir de un recurso no renovable como el plástico”, agrega la directora de la fundación cuyo propósito es “impulsar la transición social hacia un habitar sin basura”.

Alternativas

Cumsille, cuyo gremio está en el centro de esta última fase de aplicación de la Ley 21.100, subraya que “hay que valorar que esto se trata de un tema del medio ambiente” y recuerda que, con ese objetivo, la génesis de esta prohibición se produjo por iniciativa de la Cámara de Comercio de Pucón. “Fue el propio gremio el que se preocupó del grave problema que causaban estas bolsas plásticas para el medio ambiente”, señala el dirigente, quien promueve el uso de las bolsas reutilizables.

No obstante, reconoce que la normativa crea algunas dificultades, “especialmente al comercio más pequeñito, a los microempresarios, porque muchos no están en condiciones de poder adquirir bolsas que tienen un costo superior”, como aquellas que permite la ley.

Porque si bien Cumsille ha notado una modificación en los hábitos de los compradores, sabe que aún falta bastante para que sea un fenómeno generalizado. “A muchos consumidores aún les cuesta llevar su bolsa. Están esperando que se la regalen”, dice el representante del comercio detallista, quien ve en esto una oportunidad publicitaria para las grandes empresas proveedoras.

El dirigente propone que sean esas compañías las que manden a hacer grandes cantidades de bolsas no plásticas con sus logos y se las entreguen en forma gratuita a los pequeños comerciantes para que las regalen a los clientes que no tengan en qué llevar su compra. “Les conviene porque es publicidad mucho más económica que otras”, concluye Cumsille y agrega que, en estos momentos, a causa de la pandemia, todos los costos son significativos para los pequeños empresarios, en especial en los rubros que no son de primera necesidad y que no han podido vender en varios meses.

La ley define bolsa plástica como aquella “que contiene como componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo”, es decir, solo se permiten bolsas fabricadas con polímeros biobasados, bolsas de fibra vegetal o bolsas de papel, según explica Eliana Moreno, de la Asociación de Bolsas Reutilizables. La organización tiene esto muy claro, pues solicitó un pronunciamiento de la Contraloría que, mediante un dictamen realizado en diciembre pasado “ratificó que las bolsas reutilizables de TNT Tradicional fabricadas a base de polipropileno y las bolsas reutilizables de polipropileno laminadas (rafia) también están prohibidas”.

En relación a la bolsa reutilizable, aunque no existe una definición estricta, Moreno dice que debe reunir tres características: material de un grosor que permita su uso hasta 200 veces, que soporte hasta 20 kilos, y que sea lavable. “También influye la percepción del consumidor y la bolsa de plástico, en general, aunque sea gruesa, es vista como de un solo uso”.

Para responder a la exigencia de la Ley 21.100, cuenta Moreno, los fabricantes de bolsas reutilizables debieron transformarse. “Algunos optaron por poner más énfasis en las bolsas de algodón y tres de las empresas que formamos la asociación nos inclinamos por bolsas de origen vegetal, biobasadas, que se han impuesto fuertemente en el mercado por precio, facilidades de impresión y porque son mucho más sustentables, porque son compostables”.

En relación a los costos, la gerenta de Unibag explica que la tela vegetal que están usando ahora cuesta el doble que la tela de TNT que usaban, por lo que tuvieron que ajustarse y lograron que el producto final aumentara solo un 30% su precio.  “A la larga, la ley nos obligó a innovar y, si bien fue algo forzado, fue bueno porque terminamos en un material que es mucho más sustentable (…) y nuestra lucha va por ahí, por la sustentabilidad, por concientizar a las personas para que bajen el consumo y privilegien lo que genera menos basura”.

Lo que viene

En esa línea, Moreno se muestra confiada. “Vamos hacia una mayor conciencia. Esta fue una primera ley, ahora se vienen otras normativas –ecoetiquetado, reciclaje de residuos orgánicos, etc.- y cada vez más la gente se preocupa de las características del producto, si es reciclable, si es compostable, etc”.

Menos optimista es Magdalena Balcells, de Asipla. “Al cabo de dos años de la ley 21.100 hacemos un balance mixto. Por una parte, se ha generado un cambio de conducta en los consumidores al adquirir el hábito de ir a hacer sus compras con su propio método de acarreo, ya sea bolsa reutilizable, mochila, carrito, en fin, y eso nos parece positivo. Sin embargo, sigue habiendo desconocimiento de otras implicancias, por ejemplo, en relación a qué materialidades se reciclan y cómo se hace, y eso no solo pasa con las bolsas”.

Por eso, dice Balcells, “no hay que olvidar que esta ley viene de la mano con un montón de iniciativas –como la Ley REP, al pacto chileno de los plásticos, la hoja de ruta de economía circular- que desde Asipla siempre hemos apoyado con mucha energía, porque creemos que trabajar de manera integrada y sistémica es el camino hacia el cambio que se requiere, para que toda la ciudadanía sea parte activa y protagonista de avanzar hacia un consumo responsable y preocuparse de la salud del planeta”.

Sobre este tema, la ministra del Medio Ambiente se muestra entusiasmada: “Estamos impulsando con fuerza la ley que prohíbe plásticos de un solo uso y otros desechables, que fue aprobada por unanimidad en su primer trámite en el Senado. Esta normativa se enfoca en elementos complejos de reciclar y, además, promueve la recolección y valorización de plásticos para la elaboración de botellas para bebestibles. También, promueve la utilización de retornables”.

“Asimismo, seguimos trabajando en la implementación de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que en su decreto que fija metas para los envases y embalajes se incluyen envases primarios, entre los que están las bolsas plásticas excluidas de la ley 21.100. Este decreto ya se encuentra en su último trámite, que es el proceso de toma de razón por parte de Contraloría”, concluye la ministra Schmidt.