Con el fin de formular observaciones que faculten la validación del Anteproyecto, entre el 12 de junio y el 6 de septiembre pasado se realizó la Consulta Ciudadana asociada al Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos (PACC-RH), que dotará por primera vez a Chile de un instrumento articulador para abordar los efectos adversos del cambio climático y avanzar hacia la seguridad hídrica.

Se trata de una iniciativa liderada por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y que cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como agencia implementadora; con el Ministerio de Medio Ambiente (MAA), como contraparte técnica; y con el financiamiento del Fondo Verde del Clima. La DGA se encuentra ahora analizando toda la información recibida a través de la Consulta Ciudadana.

La propuesta, como parte de los instrumentos de gestión climática mandatados por la Ley Marco de Cambio Climático, consta de 4 líneas estratégicas, 11 medidas y 30 acciones destinadas a aumentar la resiliencia de los recursos hídricos, sobre la que hoy distintos actores se manifiestan. Ello, tras presentar sus respectivas observaciones con el propósito de contribuir a potenciar o complementar el documento. Para conocer algunas de las opiniones sobre el Anteproyecto, País Circular contactó a tres entidades que realizaron observaciones: una del sector empresarial, ACADES; una de la academia, CRHIAM; y otra desde la sociedad civil, ONG Fima.

“Toda medida que vaya a mejorar la disponibilidad de agua es bienvenida y, en ese sentido, estábamos entusiasmados con este anteproyecto. El problema es que en la práctica el documento no va al corazón del asunto”, comenta Alberto Kresse, vicepresidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso A. G. (ACADES).

“El corazón es cómo disponemos de más agua. Y las referencias que se hacen, como acciones efectivas para tener disponible agua, son muy indirectas y se relacionan más con gestión comunitaria, con desarrollo de conocimiento o soluciones basadas en la naturaleza, pero no abordan las necesidades que tenemos hoy día de contar con recursos y la necesidad de infraestructura para contar con el recurso. Se hace cargo más de cómo administramos la escasez que tenemos, que de cómo le entregamos más agua a las cuencas”, agrega el también gerente de Planificación en Aguas Nuevas, grupo de empresas sanitarias que opera en 5 regiones del país.

Antonio Pulgar, coordinador de estudios de ONG Fima, por su parte, cuestiona que “este plan de adaptación no pone el enfoque en la protección de los cuerpos de agua que ya existen, ni tampoco en controlar la demanda. Dentro de la línea estratégica, que es la reducción de riesgos sobre los recursos hídricos, hay una medida que es fortalecer la preservación y la conservación de los cuerpos de agua”.

“Y las medidas que están propuestas dicen relación con generar estudios, cuando específicamente las nuevas reformas del Código de Aguas y la propia Ley Marco de Cambio Climático, están estableciendo otras formas e instrumentos que son aplicables y que dependen puramente de la capacidad de la DGA. Por ejemplo, que se promueva la constitución de derechos de aprovechamiento de agua de conservación in situ”, indica Pulgar, quien es abogado de la Universidad de Chile, Máster en Derecho Ambiental.

“Pero las medidas que están establecidas y las acciones en particular, son vagas. Solo utilizan el verbo desarrollar estudios, promover la preservación, y estudiar y desarrollar metodologías, en vez de proponer, por ejemplo, metas públicas para establecer protección en las cabeceras de cuenca. O establecer estos nuevos tipos de derechos de aprovechamiento de conservación y otros instrumentos que pueden generar efectivamente resiliencia de los ecosistemas”, afirma el representante de esta ONG dedicada a trabajar por la justicia ambiental.

Propuesta insuficiente

Asimismo, Antonio Pulgar es claro en señalar que el Anteproyecto es incompleto, y lo cataloga de “bastante poco ambicioso” en lo que refiere a cumplir sus propios objetivos.

“Las medidas son insuficientes. Porque más bien pareciera ser un check de una obligación legal, que desaprovecha comprender que esta es la primera vez que podemos discutir públicamente sobre qué implica la adaptación climática. Qué implica para todos los sectores adaptarse a la nueva realidad. Qué implica incorporar elementos de incerteza respecto del funcionamiento de los ecosistemas, en escenarios climáticos proyectados que son distintos a los actuales”, expresa el coordinador de estudios de ONG Fima.

“Eso es lo más contradictorio del plan. El plan, en sus antecedentes, tiene información completamente actualizada de las proyecciones de los efectos del cambio climático en los cuerpos de agua en Chile. Y es preciso en señalar que la disponibilidad hídrica de todo el territorio nacional va a decrecer. Pero esto no se traduce, bajo ninguna lógica, en cuáles son las medidas y las acciones que están propuestas”.

Por otra parte, el especialista en Derecho Ambiental es muy crítico de la forma en la que se realiza la consulta, porque “no permite que tengamos un debate público, una forma integrada y participativa de buscar la gestión y la gobernanza resiliente de los cuerpos de agua”. Comentó que la ONG está siempre monitoreando y tratando de participar en los distintos procesos e instrumentos de gestión que se ponen en consulta, “y este mecanismo, esta forma de formulario, es una de las más regresivas que hemos visto, porque no permiten observar cuestiones específicas del plan”. En este sentido, precisa que el formulario establecía observaciones generales y en cada una de las acciones, no así en las medidas, líneas estratégicas y objetivos específicos.

En tanto Amaya Alvez Marín, investigadora Asociada al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), en el marco de la participación de CRHIAM en el Comité Asesor para el Cambio Climático (C4), centró su atención en “las obligaciones que tenemos respecto de los planes de adaptación al cambio climático para el sector de los recursos hídricos, que se denominan planes sectoriales”.

“En ese sentido, este es el único plan sectorial que tiene específicamente algunas normas que la propia Ley 21.455 señala para abordar en la elaboración. Entonces, traté de focalizar mi trabajo, justamente en examinar si se cumplían o no los requisitos que la propia ley señalaba, en el artículo 9. Y esto es, si existen o no instrumentos e incentivos para promover la resiliencia climática ante los efectos adversos del cambio climático en recursos hídricos, lo que se vincula a la sequía, la inundación y la pérdida de calidad de las aguas. A su vez, también es necesario cumplir con la nueva existencia de una jerarquización que pone en primer lugar el consumo humano, la subsistencia y el saneamiento, la preservación ecosistémica y la disponibilidad de agua y la sustentabilidad acuífera”.

“Entonces, estos objetivos que señala la propia ley Marco de Cambio Climático, son los que debiera contener el plan de adaptación en materia de recursos hídricos, y son aquellos aspectos en los que yo al menos consideré que debiera haber mucho más enfoque”, explica la académica Amaya Alvez, quien es doctora en Derecho de la Universidad de York, Canadá.

Omisión de la desalación

Alberto Kresse, desde ACADES, comenta que no termina de comprender por qué este Anteproyecto del Plan de Adaptación al Cambio Climático en el sector de Recursos Hídricos excluye la opción de la desalinización.

“En la práctica tenemos hoy día alternativas que son eficaces y bastante amigables con el entorno, en la medida que se hagan bien, como es la desalación de agua de mar. Pero no hay ninguna referencia explícita a ésta, que puede ser una fuente infinita de agua. En un contexto de cambio climático, con escasez hídrica, lo que resulta lógico es pensar cómo aumentamos esos recursos. Y esas herramientas, como la desalación de agua de mar o el reúso de las aguas servidas, le inyectan a las cuencas mayor disponibilidad”, señala el vicepresidente de ACADES.

“Este plan se hace cargo de poner medidas sobre la mesa y de estructurar temas que son importantes, como la gobernanza o la educación, pero evita abordar soluciones que son específicas, bien comprobadas, que se han implementado en muchos países y que nosotros, en particular, tenemos una condición geográfica muy favorable para su desarrollo, en el caso de  la desalación de agua de mar”, insiste el ejecutivo.

“Entonces, la solución existe, la hemos aplicado, y se tiene mucho conocimiento y experiencia, por lo que extrañamos que no se haya ni siquiera mencionado en el documento ¿Por qué no se aborda en el plan? Yo siento que es un tema de percepción de algunas autoridades o instituciones, que no se quieren comprometer con este tipo de alternativas. Quizás, por falta de conocimiento respecto de la tecnología que se está aplicando y del control que se tiene respecto de cualquier eventual impacto. Por tanto, ante esta disyuntiva, se prefirió omitir y terminamos con un documento que no resuelve el problema”, subraya Alberto Kresse.

Otro tema que no se aborda en el anteproyecto, recalca Alberto Kresse, tiene que ver con el desarrollo de proyectos relacionados a infraestructura hídrica.

“Desalar agua de mar cuesta entre uno y dos pesos por litro. O uno a dos dólares por metro cúbico, en una escala de mediana hacia arriba. Entonces, es relativamente barato desalar agua de mar. Normalmente, lo que nos cuesta es transportar esa agua hacia la cordillera, o hacia los centros de consumo que están en el interior. Por eso es súper importante que podamos ser eficientes en el transporte, estructurar especies de carreteras hídricas y ahí el Estado tiene algo que decir. Porque el Estado puede gestionar todo lo que son las servidumbres de paso, las tuberías, las autorizaciones, los permisos ambientales, agregar demanda y dar cierta garantía, por ejemplo”.

Posibilidad de mejoras

Los tres especialistas esperan que con las observaciones realizadas se pueda mejorar el Anteproyecto del Plan de Adaptación al Cambio Climático en el sector de los Recursos Hídricos, al menos, en lo que está plasmado en el papel.

“Me encantaría que el documento incluyera un capítulo cero, con incentivos a la creación de nuevas fuentes de agua en Chile, entre ellos, facilitar proyectos de desalación de agua de mar. Además de desarrollar proyectos integrales de transporte de agua en las cuencas desde la costa hacia los centros de consumo”, plantea Alberto Kresse.

“Nuestra esperanza es que este documento se modifique y aborde estas materias sin hacerles el quite. Esperamos que en la revisión que se haga de esas observaciones, quizás podamos estar en alguna mesa un poquito más presente y llegar con alguna propuesta, si es que eso es factible”, añade el  gerente de planificación en el Grupo Aguas Nuevas.

Una expectativa por mejorar el documento que comparte la investigadora Asociada al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería: “Espero que las observaciones realizadas por el Comité Científico sean consideradas, sean incidentes y se traduzcan en una mejora, porque parte de nuestros objetivos eran señalar, por ejemplo, que faltaba mayor justificación en las líneas estratégicas, que debía haber una metodología en la priorización de las medidas y que debe haber una vinculación con el derecho internacional vigente en muchas de estas materias”.

“Pensamos que sería necesario considerar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en su calidad de derecho fundamental y evidentemente, yo creo que esto pasa también por un análisis en profundidad del mercado de las aguas, de la estructura actual de las aguas consideradas un comodity por la Constitución de 1980 y eso, evidentemente, dificulta alguna de las medidas que es necesario adoptar desde el derecho público, persiguiendo bienes de interés colectivo o común”, argumenta la Dra. Alvez.

“Es importante que volvamos a retomar ese punto, así como la falta de coordinación institucional, y la necesidad de contar con datos fidedignos y con adecuadas proyecciones en materia de cambio climático. Es necesario también un enfoque a la gestión de eventos extremos, una protección al ecosistema que sea suficiente, una evaluación adecuada de los conflictos por el agua y, en general, todos los desafíos que tienen que ver con el enfoque de género en materia de agua, con la pertinencia cultural, con la participación de pueblos indígenas en temas de aguas ancestrales y con la necesaria conexión entre la caracterización  del ciclo hidrológico y la planificación. Me parece que todos esos son comentarios que abordamos en el informe y que yo espero que la Dirección General de Aguas lo tome como una información relevante e incidente a la hora de proponer el plan final”, sostiene la investigadora del CRHIAM.

El tema del mercado de las aguas que menciona la académica, es también abordado por el representante de ONG Fima, pero en relación al acceso a la información sobre la situación hídrica del país: “En Chile está completamente registrado -en las investigaciones jurídicas y sociales en torno a los conflictos hídricos- que quien tiene la información son los grandes titulares de derechos de aprovechamiento. Y que con quien se relaciona generalmente la institucionalidad, siguen siendo los grandes titulares de derechos de aprovechamiento. De distintos sectores productivos, es cierto, pero el problema del diseño institucional en Chile respecto de las aguas, dice relación con la exclusión democrática de otros intereses”.

En tanto, Antonio Pulgar enfatiza que “lo que esperamos es que analicen profundamente cada una de las observaciones y que intenten hacer la adecuación esencial de la manera que sea más ambiciosa, y traten de cumplir y alcanzar los objetivos de los instrumentos climáticos que están reconocidos en la Ley Marco de Cambio Climático”.