Durante la mañana de ayer, una delegación encabezada por la ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental (2TA), Marcela Godoy Flores, y conformada por los ministros Cristián Delpiano Lira y Cristián López Montecinos, junto a un equipo de profesionales de esa judicatura especializada, recorrieron diversos sectores del predio Las Salinas, un paño de 16 hectáreas ubicado en la zona costera de la comuna de Viña del Mar, frente a la playa Los Marineros.

La inspección del tribunal fue realizada luego de que la misma judicatura decidiera que era necesario visitar el lugar para mejor resolver en el estudio de cinco reclamaciones ciudadanas que pretenden la anulación de la aprobación ambiental del proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas”. Dichas reclamaciones, presentadas en 2022 y 2023, están acumuladas en la causa R-375-2022 .

En el recorrido por el predio, los ministros y profesionales del 2TA fueron acompañados por representantes de las cinco partes reclamantes: el diputado Jorge Brito, el ingeniero Patricio Hermann, once vecinos de la comuna de Viña del Mar, y la Corporación Pro-defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, tercero coadyuvante de la reclamante, Fundación TERRAM; del reclamado Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de Inmobiliaria Las Salinas Ltda., tercero coadyuvante del SEA.

Al finalizar la visita, la ministra Godoy explicó que “estamos en una inspección, que es un medio probatorio más que el Tribunal Ambiental tiene como herramienta para poder conocer en terreno los antecedentes, tanto de hecho, como las eventuales alegaciones de derecho”.

“Son cinco reclamaciones que se interpusieron en contra de aquella resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que tuvo por aprobado el proyecto de saneamiento del sector de Las Salinas. El tribunal, entonces, en el marco de estas reclamaciones, está conociendo los antecedentes, y efectivamente lo que se reclama es la ilegalidad de esta resolución y pretende que el tribunal lo declare de esa manera”, agregó la presidenta del 2TA.

Entre los lugares observados ayer destacan el punto de muestreo de suelo paño sur del predio Las Salinas; el punto de muestreo de agua paño norte del mismo predio; y el punto donde hubo un afloramiento de hidrocarburos en marzo de 2022 en la playa Los Marineros, entre otros.

El proyecto

El proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas” fue ingresado mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a fines de 2018 por la Inmobiliaria Las Salinas Ltda., entidad perteneciente a Empresas Copec. Casi dos años después, en septiembre de 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Valparaíso entregó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a esta iniciativa, que propone la descontaminación del terreno mediante una técnica llamada biorremediación.

El predio en cuestión debe ser sometido a algún tipo de saneamiento debido a que se encuentra contaminado con hidrocarburos, que se fueron acumulando en los 80 años (desde la segunda década del siglo XX hasta principios del XIX) durante los cuales funcionaron en Las Salinas las instalaciones petroleras de Copec, Shell, Esso y Sonacol.

La inmobiliaria propone la biorremediación, que se realiza con bacterias que se “comen” los hidrocarburos; sin embargo, algunas organizaciones -entre ellas el Movimiento Un Parque por Las Salinas- sostienen que el tratamiento podría ser con una mezcla de técnicas, donde se incluya la fitorremediación, que se hace con plantas.

El proyecto ha desatado gran controversia en Viña del Mar, tanto por el proceso de remediación como por el hecho de que, posteriormente, la intención de Inmobiliaria Las Salinas sería construir en ese terreno un complejo de edificios con una zona de áreas verdes.

Alegaciones

De acuerdo con información entregada por el 2TA, los reclamantes alegan, entre otros temas, que el proyecto de saneamiento no sería compatible territorialmente con la normativa urbanística establecida en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, específicamente en relación con la calificación de área de riesgo del área, modificando de facto mediante el proyecto el uso de suelo con el fin de eliminar dicha condición.

Asimismo, indican que no se habría determinado correctamente la línea de base del proyecto en relación con los contaminantes que se encuentran presentes en el suelo y aguas subterráneas. Agregan que no se habría incorporado toda la información para evaluar adecuadamente el riesgo para la salud de la población. Además, cuestionan la metodología seleccionada para la remediación del suelo.

Agregan que se habría infringido la normativa que rige el proceso de participación ciudadana (PAC), pues al entregarse información insuficiente o tardía respecto de las bacterias que se utilizarían en la biorremediación, se afectaría la posibilidad de participar de manera informada en la PAC de la evaluación del proyecto, lo que sería un vicio esencial.

Los reclamantes argumentan también que se habría infringido el principio precautorio en materia ambiental, en relación con los riesgos para la salud y el medio ambiente que implicaría la ejecución de la técnica de biorremediación en el predio.

En tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicita al Tribunal rechazar todas las reclamaciones por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho. Para respaldar su solicitud, afirma -entre otros argumentos- que la línea de base de suelo y aguas subterráneas del proyecto fue elaborada sobre la base de información histórica, suficiente y adecuada, en concordancia con el objeto del EIA (la remediación del sitio y con la metodología adoptada para evaluar los impactos del proyecto).

El Servicio sostiene que efectuó una correcta evaluación de los impactos asociados a la salud de las personas debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, en consideración a la naturaleza del proyecto, la condición preexistente del sitio, y escenarios más desfavorables, justificando adecuadamente la elección del método de remediación, así como de las normas de referencia utilizadas. En tal sentido, dice, se evaluó debidamente la situación de trabajadores y transeúntes, así como la presencia de plomo y otros contaminantes en el sitio Las Salinas, habiéndose entregado información suficiente respecto del tipo de bacterias a utilizar y en relación con el tratamiento de suelos con características de peligrosidad.

El SEA destaca que la existencia de la RCA favorable del proyecto, que autoriza la ejecución de actividades de remediación del terreno de Las Salinas, “no exime al Titular de este Proyecto ni a ningún otro proponente que pretenda desarrollar futuros proyectos de edificación o inmobiliarios en el mismo sitio, del cumplimiento de la normativa urbanística contenida en el artículo 2.1.17 de la OGUC y el artículo 38.5 del PRC de Viña del Mar”.

Antecedentes

• 5 de diciembre de 2018, Inmobiliaria Las Salinas Ltda. ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas” ante la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio de Evaluación Ambiental.

• 4 de septiembre de 2020, la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, calificó ambientalmente favorable el EIA del Proyecto (RCA N°24/2020).

• 29 de octubre de 2020, Patricio Herman Pacheco, por sí y en representación de la Fundación Defendamos la Ciudad, interpuso una solicitud de invalidación de dicha RCA favorable.

• 14 de septiembre de 2022, la Comisión de Evaluación Región de Valparaíso (CEA) rechazó la solicitud de invalidación dictada por (Res. Ex. N°14/2022).

• 2 de noviembre de 2022, Patricio Herman Pacheco presentó reclamación en contra de la resolución que rechazó su solicitud de invalidación de la RCA favorable del proyecto, la cual fue admitida a trámite con el rol R-375-2022.

• 2 de diciembre de 2022, el Tribunal tuvo a Inmobiliaria Las Salinas Limitada como tercero coadyuvante del SEA

• Además de la solicitud de invalidación, en contra de la RCA N°24/2020, se interpusieron 25 recursos de reclamación, los que fueron resueltos el 12 de julio de 2023 por el Comité de Ministros, acogiendo parcialmente algunas reclamaciones y rechazando los demás recursos y materias sometidas a conocimiento del Comité de Ministros (Res. Ex. N°202399101553/2023).

• 17 de agosto de 2023, Jorge Brito Hasbún, diputado de la República, quien participó como observante durante el periodo de participación ciudadana de la evaluación del proyecto, presentó reclamación en contra de la resolución del Comité de Ministros recién citado, la cual fue admitida a trámite con el rol R-416-2023.

• 24 de agosto de 2023, se presentaron en el Segundo Tribunal Ambiental tres reclamaciones en contra de la decisión del Comité de Ministros: 1) por Francisco Díaz Mesina y otros 9 vecinos de la comuna de Viña del Mar; la que fue admitida a trámite con el rol R-420-2023; 2) por la Corporación Pro-defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, admitida con el rol R-421-2023, y 3) por Gonzalo Pávez Sepúlveda, vecino de la comuna, la que fue admitida con el rol R-422-2023.

• Todas las reclamaciones fueron acumuladas a la primera, R-375-2022.

• 24 de enero de 2024, el Tribunal tuvo a la Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable como tercero coadyuvante de los reclamantes.

• 16 de abril de 2024, se llevó a cabo la audiencia, alegando en representación de los reclamantes los abogados Rodrigo Avendaño Vergara, por Patricio Herman Pacheco (R-375-2022); Marcos Emilfork Orthusteguy, por el diputado Jorge Brito Hasbún (R-416-2023); Yeny Silva Barría, por Francisco Díaz Mesina Francisco y otros (R-420-2023); Gabriel Muñoz Muñoz, de la Corporación Pro-defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar (R-421-2023); John Parada Montero, por Gonzalo Pávez Sepúlveda (R-422-2023); por el reclamado, SEA, Benjamín Muhr Altamirano, y por Inmobiliaria Las Salinas Ltda., tercero coadyuvante del SEA, Felipe Arévalo Cordero.

• 22 de mayo de 2024, el Tribunal decretó la medida para mejor resolver de inspección personal en la zona.

Ir al expediente de la causa R-375-2022, acumula R-416-2023, R-420-2023, R-421-2023 y R-422-2023